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MEXICO - Región de Estudio: CHIAPAS
Hay que constatar que la investigación de campo y la propia metodología estuvieron limitadas, en el caso de Chiapas, por la guerra de contrainsurgencia que viven los pueblos y comunidades en los municipios autónomos, teniendo que introducir modalidades no previstas, como recorridos regionales, historias de la lucha autonómica e igual énfasis en la lógica de la resistencia y, finalmente, el punto de vista de actores cercanos a estas realidades a través de sus organizaciones que apoyan en distintos campos a las comunidades indígenas en diversas regiones étnicas de Chiapas. Frente al conflicto en Chiapas el gobierno encabezado por el presidente Vicente Fox ha seguido la política de militarización y el uso de grupos paramilitares que se incluyen en la estrategia de contrainsurgencia que puso en práctica el régimen priísta a partir de la rebelión de 1994. Paralelamente, continua el cerco gubernamental de cooptación de organizaciones en la zona de conflicto a través de créditos y programas asistencialistas con un claro propósito contrainsurgente. Por su parte, el EZLN y el movimiento indígena encabezado por el Congreso Nacional Indígena siguen la política de establecer o fortalecer las autonomías de hecho en el territorio nacional, mientras en particular los rebeldes zapatistas optan por profundizar sus ejercicios autonómicos, ampliando sus ámbitos de competencia y territorialidad en los espacios regionales, creando cinco Juntas de Buen Gobierno que concentran bajo su influencia a los cerca de 40 municipios autónomos. Las funciones de las Juntas, además de una forma de enlace civil entre los zapatistas y el exterior, abarcan la impartición de justicia, salud comunitaria, educación, vivienda, trabajo, alimentación, comercio, información, cultura y transito local, coordinándose para tal efecto con las autoridades autónomas municipales. Las condiciones en que se están desarrollando las autonomías de facto en las regiones norte y Selva de Chiapas han propiciado el carácter multicultural de la autonomía. Los límites de los municipios autónomos no son étnicos sino políticos y el mismo cerco que el gobierno ha tendido alrededor de estos municipios ha originado una creciente interacción con la sociedad civil nacional e internacional. La autonomía en Chiapas es multiétnica; en un mismo territorio pueden confluir distintas etnias que participan en la construcción del proceso autonómico y de su propia unidad como pueblos indígenas, pese a las múltiples divisiones políticas y religiosas, inducidas directa o indirectamente por el gobierno estatal y federal.
Estas autonomías son vistas por el gobierno como amenaza a la unidad
nacional, pero en los hechos estos procesos están contribuyendo a su
fortalecimiento; las redes que se han tendido con otros pueblos
indígenas y el resto de la nación han promovido mayor conocimiento y
unidad que la que supuestamente promueve el discurso y las políticas
del Estado. En la zona norte hay memoria de la represión cuando las
comunidades demandaban caminos, clínicas de salud y escuelas y del
inicio de la organización y todas las formas de lucha legal y de la
represión del aparato del estado (policías municipales, seguridad
pública, federal y estatal), de la detención y tortura indiscriminada
35 . En suma, hay memoria de cómo las políticas del estado y los
terratenientes impedían su integración a la nación y la igualdad de
derechos de todos los mexicanos.
Declaración de la Selva Lacandona
Luchas autonómicas paradigmáticas. Chiapas y las Juntas de Buen
Gobierno Año y medio después que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantuvo una estrategia de reconstrucción de su base social más cercana, aparece en el ámbito nacional con una nueva iniciativa política, las “Juntas de Buen Gobierno”, en la que se profundiza el proceso de operación práctica de la autonomía en los territorios en los que tiene presencia política, militar y organizativa. El largo proceso de lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena enarbolado por el EZLN tiene múltiples implicaciones dentro del establecimiento de una relación distinta entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Esta es, sin más, la apuesta de la autonomía que este movimiento ha mantenido a lo largo de sus continuas interlocuciones con el Estado a lo largo de casi una década; en este sentido lo entiende por ejemplo, el intelectual indígena Francisco López Bárcenas. “En su versión interna puede concretarse en la decisión de un pueblo tomada de manera libre para continuar perteneciendo al Estado al que estaba integrado. Esa forma de ejercer la libre determinación se convierte en autonomía, por eso es que se dice que la autonomía es una forma de ejercicio de la libre determinación; en la otra, como ya dijimos, el pueblo se vuelve soberano el mismo, mientras en la autonomía la soberanía radica en el pueblo todo, de la cual los pueblos indígenas son solo una parte” El proceso autonómico zapatista se caracteriza por la tendencia a profundizar su dinámica con base en la práctica de la autocrítica de sus comunidades y bases de apoyo. Un proceso en el que, de una u otra manera, se han involucrado variados sectores de la sociedad mexicana. La participación de la llamada “sociedad civil” ha sido significativa, a tal grado que ha contaminado el proceso autonómico en las comunidades rebeldes, pues ha logrado influir en algunas de sus decisiones, por lo menos en lo que respecta a su estrategia externa. Pero también ha diseminado la semilla de la autonomía por todo el país y en el mundo entero; a tal grado que así como los zapatistas siguen con interés la problemática de Euskal Herria y alientan los espacios autonómicos en todo México, de indígenas y no indígenas, el movimiento por una globalización alternativa y la izquierda italiana, por citar los ejemplos más visibles, apoyan solidariamente las iniciativas zapatistas. Precisamente con tales alcances e implicaciones, el zapatismo ha optado por reestructurarse en el ámbito de sus fronteras civiles; es decir, en los alcances de su propia propuesta autonómica. Después de la negativa de la clase política y los poderes del Estado por reconocer los derechos de los pueblos contemplados en los Acuerdos de San Andrés, y modificar la Constitución para dar cabida a esos derechos, al movimiento zapatista no le quedaba más alternativa que profundizar en los hechos el proceso que había iniciado siete años atrás.
Los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Gobierno federal
y el EZLN el 16 de febrero de 1996, son el resultado final de un
análisis profundo y riguroso llevado a cabo por intelectuales,
especialistas, juristas y dirigentes de las más diversas
organizaciones convocados por la dirigencia zapatista durante el
proceso de negociación con la contraparte gubernamental. Es a partir
de entonces que las demandas de autonomía para los pueblos indios
mexicanos se convierten en la principal reivindicación de sus
movimientos. Se empieza a reflexionar de una manera más concreta
respecto de las formas en que, en las circunstancias actuales, se
puede hacer realidad un proyecto jurídico-político que restituya a los
indígenas sus derechos plenos, tanto en el ámbito ciudadano como en su
carácter de pueblos. Documentos
Los Acuerdos de San Andrés
Preguntando caminamos
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